Bróker de seguros de responsabilidad civil profesional

RC profesional para abogados y procuradores

Cubre los perjuicios económicos causados al cliente por errores en la dirección del asunto: plazos vencidos, acciones prescritas, recursos no presentados o un asesoramiento equivocado. Las reclamaciones se valoran por la oportunidad perdida, de modo que el límite debe mirar a la cuantía de los asuntos que llevas. Incluye a menudo la pérdida de documentos y la responsabilidad por pasantes y colaboradores.

Para quién: Abogados y procuradores por cuenta propia, despachos colectivos y quienes necesitan ampliar el capital de la póliza de su colegio.

RC profesional sanitaria

Responde de los daños personales al paciente por un error de diagnóstico, de tratamiento o de intervención, y de la falta de información o de consentimiento. Es la variante con capitales más altos y reclamaciones más tardías. Debe distinguir bien entre ejercicio privado y público, y cubrir la especialidad concreta, porque cirugía, obstetricia o medicina estética tienen condiciones propias.

Para quién: Médicos, odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos sanitarios, veterinarios y clínicas privadas.

RC profesional para arquitectos y arquitectos técnicos

Cubre los daños materiales, personales y económicos derivados de errores de proyecto, de dirección de obra o de coordinación de seguridad. Como los defectos constructivos afloran años después de terminar la obra, la retroactividad y la cobertura tras el cese pesan más que en otras profesiones. No sustituye al seguro decenal, que contrata el promotor.

Para quién: Arquitectos, aparejadores y estudios que firman proyectos, direcciones de obra, informes o certificados.

RC profesional para ingenieros

Abarca proyectos, cálculos, direcciones facultativas, peritaciones, certificaciones y legalizaciones de instalaciones. La póliza enumera las actividades cubiertas, y trabajos como la geotecnia, las grandes infraestructuras o los proyectos en el extranjero suelen requerir declaración aparte. Si además ejecutas obra, necesitas un seguro de obras y construcción.

Para quién: Ingenieros e ingenieros técnicos de cualquier rama, oficinas técnicas y consultoras de ingeniería.

RC profesional para informáticos y tecnológicas

Cubre los perjuicios que un fallo de software, una integración defectuosa, una migración mal hecha o un retraso imputable causan al cliente, incluido el incumplimiento contractual no intencionado si la póliza lo admite. No equivale a un seguro de ciberriesgos: este protege tus propios sistemas, y la RC profesional, el daño que tu trabajo causa a otros.

Para quién: Programadores, consultoras, integradores, diseñadores web, administradores de sistemas y empresas de software.

Administradores de fincas, asesorías, gestorías e inmobiliarias

Tres actividades de gestión por cuenta ajena con errores parecidos: un plazo fiscal o laboral incumplido, un acuerdo mal ejecutado, una información incorrecta en una compraventa. Tienen página propia la póliza para administradores de fincas, la de asesorías y gestorías y la de agentes inmobiliarios. En todas conviene revisar la infidelidad de empleados, porque manejan fondos de clientes.

Para quién: Despachos que gestionan comunidades, impuestos, nóminas, trámites o intermedian en ventas y alquileres.

Seguro D&O para administradores y directivos

No cubre el error técnico de una profesión, sino las decisiones de gestión de quienes dirigen una sociedad. Protege el patrimonio personal de administradores y directivos frente a reclamaciones de socios, acreedores, empleados o de la propia entidad, con gastos de defensa y fianzas. Lo contrata la sociedad y los asegurados son las personas.

Para quién: Administradores de sociedades, consejeros, directivos, patronos de fundaciones y juntas de asociaciones.

Otras profesiones con póliza específica

Auditores, administradores concursales, mediadores de seguros, peritos, tasadores, consultores, docentes, traductores, mediadores o delegados de protección de datos tienen pólizas redactadas sobre su actividad. Cuando la profesión no figura en el catálogo estándar de una aseguradora, se estudia con un cuestionario de actividad, facturación y tipo de clientes.

Para quién: Cualquier profesional o empresa de servicios cuyo trabajo pueda causar una pérdida económica a quien lo encarga.

Póliza individual, de sociedad o colectiva de colegio

La misma cobertura puede llegarte por tres vías. La póliza colectiva de un colegio da un capital básico igual para todos los colegiados. La individual se ajusta a tu actividad y puede contratarse en exceso de la colegial. La de sociedad asegura a la entidad, a sus socios y a sus empleados bajo un mismo límite.

Para quién: Colegiados que quieren más capital, profesionales no colegiados y despachos constituidos como sociedad.

Errores, omisiones y negligencia profesional

Indemniza los daños y perjuicios que debas a un tercero por una negligencia cometida en la actividad asegurada, por ti o por las personas de las que respondes. Comprueba que la definición de actividad incluye todo lo que haces y si cubre el perjuicio patrimonial puro sin sublímite, porque en algunas pólizas tiene un capital inferior al de los daños personales y materiales.

Defensa jurídica y fianzas

La aseguradora dirige la defensa frente a la reclamación y paga abogados, procuradores y peritos, además de constituir las fianzas que exija un juzgado para garantizar la responsabilidad civil. Mira si los gastos de defensa se pagan aparte o consumen el límite, y si la defensa penal está incluida.

Inhabilitación profesional

Paga una renta mensual, durante un número máximo de meses, si una sentencia penal firme por imprudencia te inhabilita para ejercer. Es un subsidio con importe y duración tasados, no una compensación de todos tus ingresos. Para proteger tu facturación ante una enfermedad existe el seguro de baja laboral.

Protección de datos

Cubre las reclamaciones de clientes y terceros por un tratamiento indebido o una pérdida de sus datos personales, y los gastos de defensa en el procedimiento sancionador. La multa en sí queda fuera en la generalidad de las pólizas. Si el origen es un ataque informático, la respuesta completa está en una póliza cibernética.

Pérdida o deterioro de documentos

Paga el coste de reconstruir expedientes, escrituras, planos o historias clínicas confiados por el cliente que se pierdan o se dañen bajo tu custodia, y el perjuicio que su falta cause. Suele tener un sublímite y excluir el dinero y los títulos al portador.

RC de explotación y RC locativa del despacho

Muchas pólizas añaden la RC de explotación por los daños materiales y personales que sufran clientes o visitantes en tu oficina, y la locativa frente al propietario del local. Si no las incluye, se cubren desde el seguro de la oficina.

RC patronal

Responde de las reclamaciones de tus empleados por un accidente de trabajo del que seas civilmente responsable como empresario. La responsabilidad civil patronal tiene casi siempre un sublímite por víctima.

Infidelidad de empleados

Cubre el perjuicio que cause a un cliente la apropiación de fondos o valores por un empleado tuyo. Es una garantía opcional y con capital reducido, relevante en actividades que administran dinero ajeno. La apropiación por el propio asegurado o por los socios nunca se cubre.

Restitución de imagen y daños morales

Algunas pólizas pagan gastos de comunicación para reparar tu reputación tras una reclamación pública y cubren el daño moral del perjudicado, a veces solo cuando acompaña a un daño personal o económico.

Actos dolosos o fraudulentos

El dolo no es asegurable: el artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro libera a la aseguradora cuando el siniestro lo causa la mala fe del asegurado. Si aun así tiene que pagar al perjudicado, el artículo 76 le permite reclamarte después lo abonado.

Multas, sanciones y penalizaciones

Las sanciones administrativas, penales o disciplinarias que te impongan a ti no se pagan. Tampoco las penalizaciones pactadas en un contrato por encima de lo que deberías por ley.

Actividad no declarada o sin titulación

Solo está cubierta la actividad descrita en la póliza y ejercida con la titulación, colegiación o habilitación exigibles. Un asesor fiscal que empieza a intermediar inversiones, o un técnico que firma fuera de sus competencias, trabaja sin seguro en esa parte.

Hechos y reclamaciones conocidos antes de contratar

Lo que ya te habían reclamado, o los errores que conocías y que razonablemente podían acabar en reclamación, quedan fuera aunque caigan dentro de la retroactividad. Se preguntan en el cuestionario, y ocultarlos compromete toda la póliza.

Garantías de resultado y compromisos contractuales

Prometer un resultado, un plazo o un ahorro, o aceptar por contrato una responsabilidad mayor que la legal, no convierte ese compromiso en asegurable. Tampoco se cubren los sobrecostes de un presupuesto mal calculado.

Honorarios y trabajo propio

El seguro no devuelve tus honorarios ni paga el coste de rehacer el trabajo defectuoso: indemniza el daño que ese trabajo causó a otros.

Daños ajenos a la actividad profesional

La circulación de vehículos, la contaminación, los daños a bienes que tienes en alquiler o la responsabilidad como administrador de la sociedad tienen sus propias pólizas.

Cláusulas claims made, retroactividad y cobertura posterior

El párrafo segundo del artículo 73 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, admite dos formas de delimitar en el tiempo la cobertura, ambas como cláusulas limitativas que deben destacarse y aceptarse específicamente por escrito (artículo 3). La primera cubre las reclamaciones presentadas hasta un plazo no inferior a un año desde el fin del contrato o de su última prórroga: es la cobertura posterior o periodo informativo. La segunda, la cláusula claims made, cubre las reclamaciones hechas durante la vigencia, siempre que alcance también los hechos ocurridos al menos un año antes del inicio de la póliza: es la retroactividad mínima.

Profesiones sanitarias en ejercicio privado

El artículo 46 de la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, obliga a los profesionales que ejerzan en la asistencia sanitaria privada, y a las entidades privadas que presten servicios sanitarios, a suscribir un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones por daños a las personas. Las comunidades autónomas determinan las condiciones esenciales, y los colegios pueden facilitar el cumplimiento a sus colegiados.

Sociedades profesionales

El artículo 11.3 de la Ley 2/2007 exige a las sociedades profesionales un seguro que cubra la responsabilidad derivada de la actividad de su objeto social. Según el apartado 2, de las deudas por actos profesionales responden solidariamente la sociedad y los profesionales que hayan actuado, socios o no.

Auditores, administradores concursales y corredores de seguros

Los auditores deben prestar una garantía financiera, que puede ser un seguro de responsabilidad civil, en cuantía proporcional a su volumen de negocio (artículo 27 de la Ley 22/2015). El administrador concursal acredita un seguro o garantía equivalente al aceptar el cargo (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 1/2020). Los corredores de seguros necesitan una cobertura de, al menos, 1.564.610 euros por siniestro y 2.315.610 euros por año (artículo 157.1.g del Real Decreto-ley 3/2020).

Acción directa del perjudicado y dirección de la defensa

El artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro da al perjudicado acción directa contra tu aseguradora, y te obliga a informarle de que el seguro existe. El artículo 74 atribuye a la aseguradora, salvo pacto en contrario, la dirección jurídica y los gastos de defensa.