Defensa jurídica

La defensa jurídica es la garantía por la que la aseguradora se hace cargo de los gastos que tengas por intervenir en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y te presta asistencia jurídica dentro y fuera de los tribunales, con los límites de la ley y del contrato (art. 76 a de la Ley de Contrato de Seguro). Paga abogados, procuradores, peritos y tasas, y sirve tanto para defenderte como para reclamar a otros.

Aparece como garantía dentro de los seguros de coche, hogar, comunidades o comercios, o como seguro de defensa jurídica independiente; si va dentro de otra póliza, debe figurar en capítulo aparte con su contenido y su prima (art. 76 c). Tienes derecho a elegir libremente abogado y procurador en cualquier procedimiento (art. 76 d), aunque la póliza suele fijar un límite de honorarios cuando no usas los de la compañía. No cubre el pago de multas ni de sanciones (art. 76 b). Se distingue de los gastos de defensa del seguro de responsabilidad civil, en los que la aseguradora te defiende porque es ella quien pagaría la indemnización si pierdes.